LA FORESTAL. TIERRAS Y FERROCARRILES, PROGRESO Y DEPREDACIÓN, EXPLOTACIÓN Y MUERTE. PRIMERA PARTE

Escribe: Juan Carlos Serqueiros

¿Acaso el capital tiene patria? La patria es la Bolsa, y de donde saca mejores ganancias. Por eso mismo, allí está el peligro de la República. (Eduardo Wilde)

El 20 de junio (¡lindo día para contraer deudas con el extranjero fueron a elegir!) de 1872, la legislatura de Santa Fe (gobernaba la provincia Simón de Iriondo, autonomista) había autorizado la colocación en Inglaterra a través de la banca londinense de origen vizcaíno Cristóbal de Murrieta & Co. Ltd., de un empréstito por un valor neto de 180.187 libras esterlinas ya descontados comisiones y gastos, cuyo pago se garantizó con tierras fiscales y cuyos fondos serían destinados a la creación de un banco provincial de emisión y descuentos y al inicio de las obras del ferrocarril de las colonias. 

Intermediaron en la operación con Murrieta & Co. los hermanos Carlos y Federico Portalis (franceses), titulares de Portalis Frères & Cie., a quienes Iriondo, agradecido, les concedió la explotación de 10 leguas cuadradas de montes ubicados en la desembocadura del arroyo El Rey, en el límite norte de la provincia, cerca de la recién fundada (por el general Manuel Obligado) Reconquista.

Durante el período 1874-1878 gobernó Servando Bayo, quien en 1876 se enfrentó al Banco de Londres (y por consiguiente, a Inglaterra) y metió preso al gerente de su sucursal Rosario por incurrir en maniobras especulativas en perjuicio del Banco Provincial de Santa Fe, creado precisamente con parte de las libras del empréstito acerca del cual estamos tratando. En abril de 1878, volvió a ser gobernador Iriondo y para 1880, los servicios de esa deuda se habían atendido parcialmente, quedando pendiente de pago un saldo de 110.873 libras. 

Murrieta & Co. no procedió a ejecutar la garantía (hubiera sido políticamente incorrecto hacerlo y ello habría afectado su imagen empresarial), pero sí presionó a través de su apoderado en nuestro país, Lucas González, quien sugirió (sin privarse de proferir amenazas veladas tras buenos, desinteresados y amistosos consejos) a Iriondo el rescate del empréstito mediante la venta de tierras públicas. El 25 de agosto de 1880, el abogado le escribía al gobernador de Santa Fe en estos términos: "... la Casa de los Señores Murrieta y Cía. me ha mandado un poder amplio, con instrucciones terminantes para exigir el pago de esta deuda por todos los medios posibles, haciendo valer los derechos adquiridos por los prestamistas... Esta Provincia, Señor Gobernador, por su posición geográfica, por el estado de su riqueza, por la base de colonización que posee, aumentará considerablemente su progreso, si mantiene su crédito exterior; porque del exterior le vendrán población y capital, que es lo que necesita para ser una de las más ricas de la República. Si por el contrario pierde el crédito exterior, perderá también esos beneficios; porque es un hecho averiguado que a un país sin crédito no le vienen las empresas de ningún género...".

El lobby de González fue efectivo: un proyecto en el sentido que indicaba el apoderado del acreedor (y redactado por él mismo, tal como lo admitió uno de los legisladores que lo aprobaron, el senador Luciano Torrent) fue enviado por Iriondo a la legislatura provincial y previsiblemente, ésta, sin siquiera debatirlo; se apresuró a votarlo y convertirlo en ley el 2 de octubre de ese año, siendo promulgada la misma por el gobernador tres días más tarde.

En ella se estipulaba que la deuda se cancelaría: un tercio en bonos del tesoro provincial, con intereses y que el gobierno se obligaba a aceptar eventualmente en pago de tierras públicas si sus tenedores así lo requerían (y vaya si lo harían) y los dos tercios restantes, con el producido de la venta de tierras fiscales "en Inglaterra u otra parte de Europa" a un precio no inferior a 1.500 pesos fuertes la legua cuadrada. El 30 de noviembre se firmó el acuerdo.

Lucas González sacó las tierras a la venta, pero no ya solamente como apoderado de Murrieta & Co., sino también como agente del gobierno provincial, para lo cual fue nombrado en ese carácter por decreto del 5 de mayo de 1881. Es decir, ejercía simultáneamente la representación del deudor, o sea, la provincia de Santa Fe, y también la del acreedor. Insólito e inaudito. Al día siguiente, 6 de mayo, el gobierno designó apoderado suyo en Londres a Juan Bautista Alberdi para fiscalizar la venta de las tierras, pero como estaba enfermo en Burdeos y no podía viajar; éste transfirió su poder a Cristóbal Federico Woodgate, vinculado estrechamente a la banca inglesa.

Se vendieron así 664 leguas cuadradas (equivalentes a casi 1.600.000 hectáreas), cuando hubiesen bastado menos de 400 para cancelar la deuda. En nuestros días es común la descalificación y la condena en bloque de tal negocio y de todos quienes lo protagonizaron. Ello surge de una visión sesgada y maniquea de la historia y conduce a una percepción errónea del pasado, lo cual equivale a desconocerlo. 

Ni Iriondo ni los legisladores santafesinos eran traidores vendidos al extranjero que obraron como obraron para favorecer intereses foráneos y perjudicar los de Santa Fe y la Nación; sino que actuaron con arreglo a las ideas y paradigmas vigentes en la época en que les tocó hacerlo.  Con respecto a Murrieta & Co., no fue la tenebrosa y ruin organización que algunos han pintado. Por supuesto que perseguía la obtención del rédito máximo que pudiese obtener de los capitales que prestaba ¿o qué otra cosa cabe esperar de un banquero? Pero también hay que decir que fue de las primeras compañías del mundo en incorporar el concepto de misión social (aunque lamentablemente, lo circunscribió a su país de origen, España y dentro de éste, a la región de la cual provenía, Vizcaya) y que el métier principal de esta casa era el préstamo de capitales para la financiación de empresas de colonización y ferrocarriles; y no la erección de un imperio económico, que fue en definitiva en lo que desembocó todo el proceso. 

Culpa que no debe achacarse precisamente a Iriondo y Murrieta. En cambio; es de todo punto de vista escandaloso y repudiable el proceder de Lucas González.

Éste era un marrullero capaz de la más consumada pericia en todo tipo de camándulas leguleyas y enjuagues financieros, y de quien, aún considerando que también compartía y alentaba, como casi todos por entonces, los postulados y criterios usuales acerca del progreso, los beneficios del capital, el crédito exterior, etc.; no cabe excusar su absoluta carencia de ética y de escrúpulos a la hora de situarse a ambos lados del mostrador procurando lo que constituía su norte: el beneficio personal a como diese lugar. 

Basta con mencionar que, además de los ingresos y jugosas comisiones que percibía como apoderado del banquero; el gobierno provincial le asignó 10.000 pesos por honorarios profesionales y lo felicitó por su "actuación patriótica al salvar el crédito y honor de la provincia" (?), y que lejos de conformarse con ello; aún se atrevió González a pedir que le fueran cedidas 20 leguas cuadradas de tierras fiscales en "legítima compensación por los servicios prestados". Petición que Iriondo y la legislatura tuvieron el buen tino de denegar.

Pero los agrimensores de Santa Fe cometieron un... fallido (seamos buenos y llamémoslo así); ya que se incluyeron entre las tierras destinadas a la venta, unas que no pertenecían a la provincia, sino a la nación: las comprendidas entre el arroyo El Rey (límite hasta entonces entre la provincia de Santa Fe y el territorio nacional del Chaco Austral) y el paralelo de 28°.

No se trataba de una cuestión nimia; los límites de la provincia de Santa Fe no estaban en modo alguno claros ni con Buenos Aires, ni con Córdoba, ni con Santiago del Estero y mucho menos aún; con el Chaco.

Pero Iriondo era hombre de empuje; no de pararse en pelillos: confiando en que en algún momento la Nación terminaría por reconocerle a Santa Fe la jurisdicción especificada en el acta de fundación labrada por Juan de Garay el 15 de noviembre de 1573, avanzó resueltamente. 

Está claro que no se trató de un error de mensura, pues en el contrato de venta de las tierras (suscrito en Londres, como vimos), Lucas González (quien sabía que los títulos de Santa Fe a esas tierras eran, en el mejor de los casos, cojitrancos) hizo incluir una cláusula que obligaba a la provincia a "justificar, en el plazo de un año, el dominio sobre ellas".

Con prudencia, el presidente Julio A. Roca sometió el problema a consideración de su ministro de Hacienda, Juan José Romero, quien le dio una salida para la coyuntura, aconsejándole que se declarara incompetente para resolver una cuestión limítrofe interna y transfiriera la cuestión al Congreso enviándole un proyecto de ley ratificando la venta de tierras que había hecho Santa Fe, fundado en la "conveniencia del precio" (?) y el "fomento de la colonización".

Al concluir en 1882 su período de gobierno, Iriondo se hizo elegir senador nacional por Santa Fe, y en ese carácter defendió en el Congreso los supuestos derechos de su provincia a esas tierras, bajo los argumentos de que era "acreedora del gobierno nacional", que a la geografía santafesina se le había amputado "Entre Ríos en 1816" y que "nunca se le habían pagado los gastos militares en que había incurrido para derrocar a Rosas" ni los originados en "sostener económicamente el Congreso Constituyente de 1853". No logró conmover a quienes propugnaban un criterio opuesto; pero no puede negarse que labia le sobraba, ¿no? Poco después, moría. 

Con el recambio presidencial de 1886, deben de haberse movido fuertes influencias, porque ni bien asumido el cargo por parte de Miguel Juárez Celman el 12 de octubre de ese año; el congreso se apresuró a votar, al mes siguiente, una ley por la cual se llevaba desde el paralelo 29 al 28 el límite entre Santa Fe y el Chaco, perdiendo así este último las colonias situadas en esa franja. Así, esa provincia ganó, a expensas de la Nación, nada menos que 500 leguas cuadradas (que incluían las colonias: Florencia, Las Toscas, Villa Ocampo, Tacuarendí, Las Garzas, Piazza y Avellaneda), lo cual representaba una extensión de 450 km de costa sobre el río Paraná.

Profundamente disgustado y dolido (con más que justa causa, pues consideró que se trataba -y en efecto, lo era- de un despojo), el gobernador del Chaco, general Manuel Obligado, renunció.

Las "tierras destinadas a la colonización" por parte de criollos e inmigrantes, lo terminarían siendo sólo en muy pequeña parte; pues en la práctica, unos pocos extranjeros se quedaron con extensos latifundios. El gobierno del presidente Nicolás Avellaneda trató de evitarlos, pero los intereses en torno a la explotación forestal eran muy poderosos y el abuso y la elusión de decretos y leyes fueron las reglas corrientes. Por otra parte, las oleadas de inmigrantes se concentraban en Buenos Aires y Rosario, sin poblar el interior. El presidente Julio A. Roca se propuso remediar eso a través de la reforma de las leyes de tierras efectuada en 1903, pero sin poder lograr una modificación sustancial de ese statu quo.

En 1899, los hermanos Carlos y Alberto Harteneck (alemanes), de Harteneck & Cía., se asociaron con Carlos Casado para producir extracto de quebracho, es decir, tanino, en Calchaquí. En 1902, la Portalis Frères & Cie. y la Harteneck & Cía. se fusionaron entre sí y con la Gerb und Farbstoffwerk Hermann Renner & Co. Actiengesellschaft, de Hamburgo, Alemania; constituyéndose así la Compañía Forestal del Chaco.

A principios de 1904, el presidente Roca encargó a Juan Bialet Massé un estudio pormenorizado acerca de las condiciones de vida de los trabajadores, como así también las propuestas para mejorarlas. El resultado fue su Informe sobre el estado de las clases obreras en el interior de la República y la consecuencia, el envío al Congreso por parte del Ejecutivo, de un proyecto de ley de Código de Trabajo.

A través del informe (concienzudo, veraz y excelente) del catalán, podemos conocer el régimen terrible al que estaban sometidos los obreros de la Compañía Forestal del Chaco, las condiciones infrahumanas en que vivían y los abusos de que eran objeto (de "invención verdaderamente diabólica", lo califica). En cuanto al proyecto (ambicioso y avanzadísimo), el mismo se componía de 465 artículos agrupados bajo 14 títulos o epígrafes: disposiciones preliminares y generales, de los extranjeros, del contrato de trabajo, de los intermediarios en el contrato de trabajo, accidentes del trabajo, duración y suspensión del trabajo, trabajo a domicilio e industrias domésticas, trabajo de los menores y las mujeres, contrato de aprendizaje, del contrato de los indios, condiciones de higiene y seguridad en la ejecución del trabajo, asociaciones industriales y obreras, autoridades administrativas y de los tribunales de conciliación y arbitraje. El Congreso nunca lo trató.

La creciente demanda de tanino en los mercados mundiales llevó a la Compañía Forestal del Chaco a buscar capitales para ampliarse, pues sus fábricas en Calchaquí y Villa Guillermina ya no daban abasto para satisfacerla.

Para ello, recurrió en Inglaterra a un financista francés de origen belga, el barón Emile d'Erlanger Beaumont, de las bancas Messr. Emile d'Erlanger & Co. y The Anglo-South American Bank Ltd., quien aportó los fondos para la expansión de las actividades, conformándose de esa manera en Londres, el 26 de marzo de 1906, la sociedad The Forestal Land, Timber and Railways Company Limited, con un capital de 1.000.000 de libras esterlinas y absorbente de la Compañía Forestal del Chaco con todos sus activos y propiedades.

Fue en ese inextricable entramado de ideas, diplomacia internacional, empréstitos, fusiones y absorciones, que se formó La Forestal (forma apocopada de uso coloquial para referirse al emporio), un gigantesco cartel que controlaba el 60% de la producción y comercialización mundial de tanino y rollizos, con cerca de 7.000 empleados y obreros, flota fluvial propia, cuatro fábricas propias y cuatro de empresas subsidiarias, 289 km de red ferroviaria propia con 20 locomotoras y 300 vagones, tres puertos y dominio efectivo sobre 800 leguas cuadradas; poderoso, descomunal conglomerado económico que configuró el principal factor de influencia en la geografía del litoral y en la vida de sus pobladores.

¿La élite santafesina habrá sido consciente de que al transferirle al sector privado (extranjero, para colmo), la responsabilidad del desarrollo de extensas porciones del territorio provincial; delegaba paralelamente el poder político que detentaba y que en adelante ya no podría ejercer sobre ese espacio geográfico?

Dejo a usted, estimado lector, formular la respuesta emanada de la inducción de sus propios criterio y raciocinio; pero no me privaré de dar la mía. Eso sí: en la próxima entrega. 

Hasta entonces.

-Juan Carlos Serqueiros-

Continuará
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REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

AGN. Ministerio del Interior. 1886. Legajo 1. Expte. 30A.

AGPSF. a) Registro Oficial.

              b) Departamento Topográfico.

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