sábado, 1 de abril de 2017

Y UN DÍA, TUVIMOS TELÉFONO. TERCERA PARTE







































Escribe: Juan Carlos Serqueiros

Por el picor de mis pulgares, algo malo se aproxima. (William Shakespeare, Macbeth)

Habíamos asistido, en las dos entregas anteriores, al inicio de la telefonía en nuestro país. Le propongo, estimado lector, que analicemos ahora cómo fue su evolución.
En 1881 operaban, además de la anteriormente mencionada Societé du Pantéléphone L. de Locht et Cie. (Sociedad Nacional del Panteléfono) dirigida por Clément Cabanettes; la inglesa Gower-Bell Telephone Company (Compañía de Teléfonos Gower-Bell), representada por Benjamin Manton, con oficinas situadas en la calle Florida entre Corrientes y Lavalle; y una subsidiaria de la norteamericana Bell Telephone Company, de Boston: la River Plate Telephone Company (Compañía Telefónica del Río de la Plata-Continental de Teléfonos Bell Perfeccionado), que tenía sus oficinas en la calle Maipú entre Cangallo y Sarmiento y cuyo director era Walter Keyser.




En los meses de marzo y abril de ese año, el presidente Julio A. Roca firmó los decretos (en los cuales no se fijaban plazos de vencimiento, ni se estipulaban condiciones para la prestación del servicio ni mucho menos se enunciaba un marco regulatorio) autorizando a las tres compañías a “construir a su costo en la Capital y suburbios Oficinas Telefónicas de esta invención, sin que esto importe concederle ninguna clase de privilegio” (sic).  
Mayoritariamente, los historiadores inscriptos en el campo revisionista, han interpretado esos decretos como una expresa renuncia a la participación pública en dicho sector de actividad, clasificándolos como ejemplos por antonomasia del dejar hacer típico del estado-gendarme que tan caro ha sido siempre a los liberales.
Discrepo con esa visión, la cual me parece sesgada y nublada por el anacronismo. Ni la letra ni el espíritu de los decretos llevan necesariamente a concluir en que la tan mentada “renuncia” fuera, en efecto, tal cosa, y encima; “expresa”. Ni a que la no intervención del Estado haya sido dispuesta por Roca desde lo dogmático. Antes bien; entiendo que los emitió (a sólo cinco años de patentado el teléfono por Bell, recordemos) revestidos de un carácter meramente provisorio, en tanto se verificase, con el transcurrir del tiempo, cuál habría de ser el desarrollo (o el ocaso) de “esta invención” (como reputó literal e inequívocamente al teléfono). Por otra parte, se estipulaba taxativamente en ellos que no implicaban el otorgamiento de “ninguna clase de privilegio” y que su ámbito de aplicación se circunscribía a “la Capital y suburbios”, con lo cual ¿qué obstaba para que el Estado nacional interviniese llegado el momento, si así lo considerara conveniente, o para que los Estados provinciales, si lo quisieran, participaran ya sea directa o indirectamente en la actividad? La respuesta es: nada, no había en aquellos decretos impedimento alguno.
¿Entonces? Es que a eso tan elusivo llamado verdad histórica no puede arribarse partiendo desde la concepción oligárquica propia de las viudas de Mitre, ni tampoco desde el catecismo materialista de la historia predicado hasta el hartazgo con empeño digno de mejor causa por los apóstoles del marxismo trasnochado; sencillamente porque el objeto y sujeto de la historia es el hombre y éste es tanto materia como espíritu.
Así, por ejemplo, la invención del teléfono por parte de Antonio Meucci no obedeció a un criterio mercantilista; sino a su necesidad de comunicarse con otro ser humano: su esposa enferma que se hallaba postrada en la planta alta de su casa. Siempre está la pasión creadora (Stefan Zweig dixit) precediendo necesariamente a la obtención de utilidad económica emergente de su transformación en un bien o servicio pasible de ser comercializado. Siempre hay un Meucci antes de un Bell o un Boyd antes de un Dunlop ¿o es que acaso puede alguien imaginar que Fleming descubrió la penicilina impelido por el afán de ganar dinero?
Por supuesto, todo eso no significa, a la hora de construir el relato histórico, que se deba prescindir de la consideración de la etapa consiguiente de comercialización y búsqueda de rédito económico, y de los intereses que hubieran en juego; al contrario, ¿o qué otra cosa es -por citar un ejemplo- el seguro, sino la simple aplicación del cálculo matemático de probabilidades a los riesgos físicos y patrimoniales de la actividad económica? De hecho, es posible que más allá de cuestiones de orden tecnológico, la sociedad Cayol & Newman haya quedado fuera del negocio debido a una evaluación errónea del mercado potencial al que se dirigió preferentemente: el ámbito público (telégrafo y policía); en lugar de orientarse hacia donde lo hicieron sus competidores: el segmento de alto poder adquisitivo de la sociedad porteña.
Por aquellos años, la telefonía no era todavía considerada un servicio público necesario, y el teléfono era percibido como un artículo de boato, una tentación ofrecida a las clases pudientes, o a lo sumo; como un vehículo cultural (lo cual explica que en las noticias referidas a las pruebas y ensayos que se realizaban, todas las crónicas periodísticas mencionaran la transmisión exitosa de música, además de la de voz). Aún se estaba lejos de imaginar al teléfono contribuyendo a la integración entre las distintas regiones del país (que de hecho, no lo hizo, sino hasta después de entrada la segunda mitad del siglo XX), papel que se reservó al ferrocarril y al telégrafo.
Asimismo, es pertinente destacar que no había entre el gobierno nacional presidido por Roca y el municipal encabezado por Alvear, uniformidad de criterios en cuanto a las compañías telefónicas. Mientras que el primero dictaba en los meses de marzo y abril los decretos mencionados precedentemente; el segundo solicitaba por nota al ministro del Interior, Antonio Del Viso, que el poder ejecutivo sometiera a consideración del congreso un proyecto de ley -cuyo texto le adjuntaba-, consistente en veintiocho artículos con las normas y condiciones que sugería imponerles a las operadoras: consulta al Departamento de Ingenieros de la municipalidad previa al otorgamiento de la concesión, autorización de la municipalidad para el tendido de las líneas, obligatoriedad para las empresas de ir reemplazando los tendidos aéreos por subterráneos, estudio y aprobación de las tarifas por parte del poder ejecutivo, cada empresa debía pagar a la municipalidad un canon del 10% sobre sus ingresos brutos, tarifas diferenciales (50%) para los organismos nacionales y municipales, etc.
La iniciativa de Alvear fue a parar al archivo general, esto es, al cesto de los papeles.


No hubo, pues, ni marco regulatorio de la actividad ni control federal ni municipal. Así las cosas, la competencia entre las tres empresas fue encarnizada y hasta feroz; mas ello no se tradujo en una baja sensible de las tarifas que aplicaban.
Los principales diarios se involucraron en la cuestión y tomaron campo alentando a tal o cual compañía, focalizándose principalmente en las ventajas competitivas (reales o ficticias) que asignaban a los aparatos que cada una de ellas proveía. Mientras El Nacional y La Prensa exaltaban las bondades de los construidos en el país por Cayol y Newman; La Nación hacía propaganda para los de la Gower-Bell inglesa. Más temprano que tarde, la publicidad de las empresas en los periódicos se volvió chocarrera y chicanera. 
Así, por ejemplo, la Sociedad del Panteléfono hacía insertar un aviso de este tenor: “El Sr. D. Henry K. Goodwin, ingeniero electrologista y superintendente de los trabajos de la Compañía Bell (Director W. S. Keyser), acaba de entrar en nuestro servicio en las mismas condiciones, habiendo reconocido la superioridad del Panteléfono de Locht sobre todos los demás sistemas telefónicos”. 
Y luego, de la guerra en los diarios se pasó directamente al sabotaje, con destrucción de redes y equipos y causando no pocos escándalos.
A fines de 1881, entre las tres empresas sumaban alrededor de 200 abonados. Al año siguiente, ingresaron capitales británicos a la hasta allí estadounidense Compañía Telefónica del Río de la Plata, la cual se fusionó con la Sociedad Nacional del Panteléfono, constituyéndose de ese modo la United Telephone Company of the River Plate Ltd. (Compañía Unión Telefónica del Río de la Plata Limitada), con sede en Londres. La nueva sociedad entró pisando fuerte, anunciando que pondría su abono a “menos precio que cualquiera otra Compañía”. Claro que “cualquiera otra compañía”, sólo podía ser la Gower-Bell, porque para entonces no había ninguna otra.
Pero pese a la declamatoria propagandística, la competencia entre ambas empresas no llevó a una mejora en la calidad del servicio ni tampoco a una baja en las tarifas. No obstante; en 1884 los abonados a una u otra ya totalizaban 600.
En general los historiadores consideran que por aquellos años la telefonía era un servicio que se circunscribía a la Capital Federal y suburbios. La cosa no fue así, o al menos; no tan así.
Si bien es innegable que Buenos Aires concentraba la mayor cantidad de abonados; en otras ciudades importantes como La Plata, Rosario o Córdoba, por ejemplo, también se habían instalado empresas telefónicas, tal como podemos comprobar a través de estos (entre muchos otros de tenor similar) avisos publicitarios insertos en el diario rosarino El Mensajero, en su edición del 5 de marzo de 1884.




La existencia y actuación comercial en ciudades principales del interior del país, de compañías dedicadas a la actividad telefónica, todavía en los inicios de la misma, muy probablemente haya sido más considerable de lo que sabemos con certeza; aun descartando las subjetividades y exageraciones propias de la comunicación institucional y la propaganda.
El 24 de septiembre de 1882, se ensayó con éxito una línea con aparatos Siemens que enlazaba el Hotel Universal y el Club Social. Más tarde, otra línea con iguales resultados comunicó las estaciones Rosario y Roldán del Ferrocarril Central Argentino. Con el nombre de Compañía Telefónica Siemens se inauguró, el 1 de abril del año siguiente, la empresa precursora de teléfonos que desarrolló una intensa actividad. Así, el 19 de junio, se informó que ya funcionaban las líneas de los diarios La Capital y El Independiente y de los comercios de Otero y Cía., Allende y Cía., Emilio Ortiz y Cía., y de Rosendo Olivé (h), entre otros… El 15 de julio, mediante el alambre del telégrafo, se realizó una conversación entre Rosario y Buenos Aires utilizando un aparato portátil Siemens. Era la primera vez que en Sudamérica se conversaba a una distancia tan grande.A fines de 1883, la compañía ya tenía 213 abonados en Rosario, 10 en San Lorenzo y 6 en Alberdi. Un año más tarde la cifra ascendió a 350 y sus líneas estaban conectadas con los pueblos de San Lorenzo, Puerto de San Lorenzo, La Posta, Alberdi, Arroyito, Avila, Roldán, San Gerónimo y Carcarañá.
En 1886 la Compañía Unión Telefónica Limitada absorbió a la Gower-Bell, tras lo cual se constituyó en Londres la razón social United River Plate Telephone Company, que actuaría en nuestro país bajo el nombre Unión Telefónica del Río de la Plata.
El primer acto de la Unión Telefónica fue… ¡aumentar las tarifas! ya de por sí abusivas que venían cobrando los oligopolios que la precedieron. Ante eso, el diario La Nación, en su edición del 11 de enero de 1887, puso el grito en el cielo publicando un furibundo editorial que tituló “El teléfono y el espíritu público”.
Donde no hay espíritu, no son solamente los gobiernos los que se atreven contra el público. Todo el que tiene en su mano un servicio tiende a convertirse en tirano y a imponer por ley su voluntad y su avaricia, sobre todo cuando el servicio es casi imprescindible para el que lo recibe y cuando la competencia es imposible o no se verifica en circunstancias determinadas. En las instalaciones telefónicas sucede algo peor. Cuando existían dos compañías desligadas y en guerra permanente, todo lo prometían y todo se esperaba, en la mejora del servicio y de los precios (pésimo el primero y exorbitantes los últimos), para cuando tuviera lugar la reunión de esas empresas. Al fin el hecho se realizó y, con sorpresa de todos,  él debía envolver la más sórdida e insolente conspiración contra el público. Las compañías fusionadas venían ensayándose de antemano en el camino de los abusos. No sólo servían mal y de mala voluntad, cobrando caro, sino que se permitían exacciones de todo género. Una de éstas era el uso gratuito, obtenido a veces instalaciones de que ellas solas sacaban provecho. Ahora, en lugar de haber corregido estos abusos, el servicio ha empeorado y la Unión Telefónica, que no era sino la confabulación de dos empresas, se ha presentado elevando todavía sus precios. Es el primer hecho de este género que nos pone a prueba y su resolución dará la regla de lo que puede intentarse o de lo que nadie se atreverá a intentar en lo sucesivo.
Comenzábamos a transitar, de la mano del presidente Miguel Juárez Celman, por el siempre peligroso sendero de la imprevisión, el despilfarro irresponsable, la sustitución del trabajo por la especulación como motor de la economía y el ajuste y la sujeción al positivismo spenceriano como dogma del gobierno.
Asistimos así, querido lector, a un período que abarcaría casi medio siglo de supremacía de los oligopolios ingleses en la telefonía argentina. En la próxima (y última) entrega veremos cómo siguió y terminó la cosa.
¡Hasta entonces y gracias por la atención!

-Juan Carlos Serqueiros-

CONTINUARÁ
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REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

AGN Sala VII Fondo Roca.
Cincuenta años de vida. Cía. Unión Telefónica del Río de la Plata 1887-1937, UTRP, Buenos Aires, 1937.
Colección fotográfica Abel Alexander.
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Diario El Mensajero, edición del 5 de marzo de 1884.
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