viernes, 17 de enero de 2014

EL PALOMAR: TIERRAS, COIMAS Y AMORES CLANDESTINOS







































Escribe: Juan Carlos Serqueiros

"Yo le había tomado declaración a Guillot... Estaba muy nervioso, y por lo que dijo, saqué en conclusión que nunca antes había intervenido en un asunto sucio, que ésa era la primera vez y por eso se había pisado..." (Vicente Solano Lima)

En 1934, siendo presidente de la Nación el general Agustín P. Justo, dos hermanas: María Antonia y María Luisa Pereyra Iraola, casadas con dos hermanos de apellido Herrera Vegas, ofrecieron en venta al ministerio de Guerra 227 hectáreas que poseían en El Palomar de Caseros, en tierras linderas con el Colegio Militar, a razón de $ 1 el metro cuadrado. La Dirección General de Ingenieros del Ejército Argentino las tasó a $ 0,19 y las dueñas no aceptaron vender a ese precio. Como eran de familia "notable", movieron influencias con el objeto de convencer al ministerio de elevarlo, pero sin resultado; ante lo cual tres años después, a fines de diciembre de 1937 (en setiembre, en elecciones tildadas de fraudulentas había sido electo presidente el candidato de Justo, el radical Roberto M. Ortiz) comunicaron que retiraban el ofrecimiento de venta.
Era un farol. En realidad, el 22 de diciembre las señoras Herrera Vegas habían convenido con un sujeto llamado Néstor Luis Casás que sería éste quien vendería las tierras al ministerio en un plazo máximo de 120 días, pagándoles a las propietarias a razón de $ 0,65 por metro cuadrado y quedándose con todo el importe que por encima de ese valor obtuviese. 
Casás actuaba a través de su apoderado, un tal Jacinto Baldassarre Torres, de "profesión" lobbysta y de estrecha relación de amistad con el general Alonso Baldrich, quien le gestionó una audiencia con el ministro de Guerra, general Basilio Pertiné, en la cual le reiteró a éste la oferta de venta de las tierras. Había que apurar el trámite porque en dos meses, el 20 de febrero de 1938, Justo debía ponerle la banda presidencial a Ortiz. Pertiné dijo que la cuestión le interesaba, pero que su ministerio no tenía los fondos suficientes, y Baldassarre le preguntó si compraría los terrenos en el caso de que el Congreso de la Nación dispusiera una partida especial en el próximo presupuesto, a lo cual Pertiné respondió: "Ah, entonces sí, encantado".
Baldassarre fue a verlo al presidente de la comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados,  Gregorio Raúl Godoy (conservador), le planteó el negocio y éste entró en el enjuague. La ley de Presupuesto Nacional para el Ejercicio 1938 que incluía en su artículo 27 una partida especial para la adquisición de las tierras de El Palomar a razón de... ¡un precio "no mayor" a $ 1,10 el metro cuadrado! (que Baldassarre consiguió sobornando al presidente -también conservador- de la Cámara: Juan Gaudencio Kaiser) se aprobó el 27 de enero, y el Ejecutivo (Justo) la promulgó el 8 de febrero. Ya no tenían tiempo Baldassarre y su mandante Casás para concretar la "operación" antes del cambio de gobierno que se produciría el 20 de ese mes.
Al asumir la presidencia de la Nación, Roberto M. Ortiz designó ministro de Guerra al general Carlos Márquez y sería con éste con quien debió proseguir Baldassarre las gestiones, que insumieron todo el resto del año 1938 (costó que el presidente Ortiz -que le sintió un tufillo feo al asunto-  autorizara la compra de los terrenos, lo cual hizo recién el 31 de diciembre de 1938 mediante el decreto N° 21.583 -a pesar de la desconfianza que sentía-, y también, al renovarse autoridades en la Cámara; tuvo Baldassarre que "untar" a las nuevas, esta vez, radicales). Y a través del decreto N° 26.643 del 22 de marzo, suscripto por el presidente Ortiz en acuerdo de ministros, se aprobó la compra. 
El 24 de abril se labraron en el Banco Central tres escrituras; una, del Banco Nación de La Plata por la cancelación de la deuda hipotecaria que las señoras de Herrera Vegas mantenían con dicha entidad; otra, de éstas vendiendo las tierras a Casás a $ 0,65 por metro cuadrado; y otra, de Casás transfiriéndolas al ministerio de Guerra a $ 1,10 el metro cuadrado. En el colmo de la desvergüenza, los pagos (que se hicieron en títulos numerados de la deuda pública) se realizaron invirtiendo el orden en el que se habían confeccionado las escrituras: primero, el Estado le pagó a Casás $ 2.450.303; luego, éste pagó a las señoras de Herrera Vegas $ 1.447.906; y por último éstas pagaron al Banco Nación $ 723.953.
Así las cosas, en ese negociado Casás se hizo una "pequeña" diferencia de... ¡$ 1.002.397! a costa del Estado.
Y el affaire habría permanecido ignorado por la opinión pública si no se hubiesen despertado los "remordimientos de conciencia cívica" en el presidente Ortiz: llegado al gobierno de la mano de Justo y a través del fraude, paradojalmente estaba empeñado en terminar con el mismo; entonces dispuso, el 7 de marzo de 1940, la intervención a la provincia de Buenos Aires, que estaba gobernada por Manuel Fresco, quien en comicios amañados había impuesto para que lo sucediera en el cargo a Alberto Barceló, el caudillo conservador de Avellaneda.
Fresco conocía al dedillo el negociado de las tierras de El Palomar. Profundamente resentido con Ortiz, hizo una reseña con los antecedentes del caso y se la dio al periodista José Luis Torres, del semanario Ahora. Éste publicó la cuestión en la revista, y además; el 16 de mayo fue al Congreso a ver a su amigo el senador por Jujuy Benjamín Villafañe y le expuso el asunto.  El senador preguntó a Torres, según propias palabras de éste, "si tenía coraje para denunciarlo en el Senado". Torres contestó afirmativamente y ese mismo día Villafañe pidió la palabra en la cámara, y luego de detallar la trama del negociado, solicitó que se nombrara una comisión investigadora. El doctor Ramón A. Castillo (que además de ser escrupulosamente honrado, era un habilísimo político; ver en este ENLACE mi artículo Lo salvaba la hermosa condición de la austeridad), que en su carácter de vicepresidente de la Nación presidía el Senado, fue autorizado por la alta Cámara para elegir a quienes la integrarían, lo cual hizo al día siguiente designando a los senadores Alfredo Palacios (por Buenos Aires, socialista), Gilberto Suárez Lago (por Mendoza, conservador) y Eduardo Laurencena (por Entre Ríos, radical).
Tanto y tan concienzudamente trabajaron, que a los pocos días nomás ya tenían esclarecido quiénes habían tenido participación en el negociado (entre los cuales estaba un ex diputado radical emparentado con Laurencena, por lo cual éste debió apartarse de la comisión; siendo reemplazado por el senador -por La Rioja, socialista independiente- Héctor González Iramain).
El 8 de agosto de 1940 la comisión anunció que había concluído su investigación y el 19 de ese mes se trató en el recinto su despacho. El mismo especificaba que la venta de las tierras de El Palomar había sido una operación dolosa en perjuicio del Estado, de la cual habían participado el ministro de Guerra, Carlos Márquez, y el presidente de la Contaduría General de la Nación, Mario de Tezanos Pinto, y estaban incursos en el delito de cohecho y/o negociaciones incompatibles con la función pública los siguientes diputados y funcionarios:

Juan Gaudencio Kaiser, ex presidente de la Honorable Cámara de Diputados, con 137.000 títulos, que liquidados le produjeron $ 126.925,18;  Gregorio Raúl Godoy, ex presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados, con 177.000 títulos y, además, con $ 140.689,26 en un cheque de Jacinto Baldassarre Torres;  Miguel Aguirrezabala, con 30.000 títulos, los que vendidos le produjeron $ 25.373,85; José Guillermo Bertotto y Víctor Juan Guillot -actual presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados-, con 15.000 títulos que llevan juntos el 26 de abril de 1939 al Banco Español del Río de la Plata Limitado, a cuyo gerente general, Eduardo Grané, pidieron que se vendan en plaza sin consignar el nombre del vendedor, razón por la cual aparece en el libro rubricado del comisionista oficial de bolsa señor Manuel Fernández Rivas, como vendidos por “Eduardo García”, nombre supuesto de persona inexistente -el producido de dichos títulos, $ 12.612,48, lo recibió el diputado Bertotto el día siguiente, de manos del señor Grané-; Franklin Fernández Lusbín, empleado de Obras Sanitarias de la Nación hasta el 27 de marzo de 1939 y Agustín Marcelo Echevarrieta, empleado de la Honorable Cámara de Diputados y ex secretario del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Gregorio Raúl Godoy, que recibieron de Baldassarre Torres en títulos la suma de $ 167.500 y $ 10.100, respectivamente; y el general (R) Alonso Baldrich, que recibió de Baldassarre Torres 10.600 títulos, los que vendidos le produjeron $ 8.871,39.

Al día siguiente de conocerse los nombres de los involucrados, el escándalo era el tema obligado de todos los corrillos. El 22 de agosto el presidente Roberto M. Ortiz ( que el 5 de julio había delegado por enfermedad -era diabético y se estaba quedando ciego- el gobierno en el vice Castillo, pero provisionalmente; con lo cual éste se veía obligado a mantener la composición del gabinete sin poder elegir sus propios ministros) envió su renuncia a la Asamblea Legislativa señalando que se sentía "implicado" por la investigación del Senado (a la cual atribuyó una "finalidad política"), defendiendo a su ministro Márquez (a quien los diarios nacionalistas llamaban Palomárquez) y deplorando que "no se haya profundizado más la investigación, a fin de poner en descubierto las raíces mismas del negociado". En realidad, ni Ortiz ni Márquez habían recibido coimas, pero sin duda procedieron con una negligencia atroz; debieron impedir la consumación del negociado (que ambos sospechaban) y no lo hicieron. Ortiz estaba convencido de que en el enjuague andaba el ex presidente de Obras Sanitarias, Domingo Selva, de quien Fernández Lusbín (que había sido su secretario) vendría a ser un testaferro, y así se lo dijo a Suárez Lago, que estaba acompañado en esa oportunidad por Robustiano Patrón Costas (pero en la investigación, por más que se puso el foco sobre Selva; no se encontró indicio alguno de su participación).
El 23 de agosto uno de los diputados radicales que habían sido coimeados, Víctor Juan Guillot, se suicidó disparándose en el corazón. Luego se sabría que de los 15.000 títulos que había percibido junto a José Guillermo Bertotto, él no había tocado un centavo; pero sí su amante (con la cual había tenido dos hijos), que bajo el nombre ficticio de Ana Gómez, había cobrado 35.000.
Mientras tanto, las gentes en las calles discutían en favor del Eje o de los Aliados y las manifestaciones se sucedían. Desde la noche del 22 los jefes militares adictos a Márquez preparaban una revuelta con el objetivo de moralizar la política, tendiente a sostener a Ortiz en la presidencia, secuestrar al vice Castillo y abonar el terreno para la próxima candidatura del ministro de Guerra. El ex presidente Agustín P. Justo, negociando oculta y trabajosamente, pudo frenar el golpe comprometiéndose a lograr la renuncia de todo el gabinete a fin de que Castillo pudiese conformar otro, que Ortiz fuese mantenido nominalmente en la presidencia, que éste y Márquez salieran indemnes del escándalo de las tierras de El Palomar y sobre todo; que no prosiguiera la investigación. Consiguió (lamentablemente, en mi humilde opinión) sus propósitos.
El sábado 24 de agosto la Asamblea Legislativa rechazó la renuncia de Ortiz por 170 votos contra 1 (del senador por Buenos Aires Matías Sánchez Sorondo, conservador). Nota: no he tenido a la vista el detalle de los votos de cada uno de los integrantes de la Asamblea Legislativa, pero me extrañaría que el senador Benjamín Villafañe hubiera asentido a la permanencia de Ortiz en la presidencia, después de haber sido él mismo el denunciante del negociado. Si alguien tiene el documento y la deferencia de acercármelo, aunque más no sea en formato electrónico, lo agradeceré muchísimo.
El 26 de agosto la Cámara de Diputados dispuso que el expediente con la causa contra Guillot fuera archivado por la trágica desaparición del inculpado. El 29 separó a José Guillermo Bertotto, y (una de cal y otra de arena) el 5 de setiembre rechazó, por 69 votos a 27, el pedido de juicio político al ministro Márquez.
Girados los antecedentes del caso a la justicia ordinaria, el 7 de abril de 1945 fueron condenados: Aguirrezabala, Bertotto y Fernández Lusbín a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua; Baldassarre Torres y Casás a cinco años de prisión e inhabilitación por nueve años; Godoy y Kaiser a seis años de prisión e inhabilitación perpetua. Aguirrezabala, Bertotto, Kaiser (que en 1947 serían indultados por el presidente Perón) y Fernández Lusbín huyeron al Uruguay; Baldassarre Torres, Casás y Godoy fueron a dar con sus huesos en la cárcel.
Nunca pudo saberse la verdadera identidad de Ana Gómez ni establecerse su paradero. Pero "nunca" oficialmente, quiero decir; porque extraoficialmente trascendió que era hija de un ex diputado radical. Sin dudas, hubo un pacto de silencio al respecto, porque de otro modo no se explica que habiendo indicios sobre quién podía ser; no se la hubiese puesto frente al empleado del Banco Español "que la recuerda perfectamente", según declaró a la comisión investigadora el perito técnico-contador doctor Mauricio E. Greffier.
"¿Y la mosca? No se sabe, / el Estado la perdió; / el preso sale a la calle / y se acabó la función." (Bartolomé Hidalgo-Alfredo Zitarrosa, La ley es tela de araña).

-Juan Carlos Serqueiros-