Escribe: Juan Carlos
Serqueiros
Por el picor de mis pulgares, algo malo se aproxima. (William
Shakespeare, Macbeth)
Habíamos asistido, en las dos
entregas anteriores, al inicio de la telefonía en nuestro país. Le propongo,
estimado lector, que analicemos ahora cómo fue su evolución.
En 1881 operaban, además de la
anteriormente mencionada Societé du Pantéléphone L. de Locht et Cie. (Sociedad
Nacional del Panteléfono) dirigida por Clément Cabanettes; la inglesa
Gower-Bell Telephone Company (Compañía de Teléfonos Gower-Bell), representada
por Benjamin Manton, con oficinas situadas en la calle Florida entre Corrientes
y Lavalle; y una subsidiaria de la norteamericana Bell Telephone Company, de
Boston: la River Plate Telephone Company (Compañía Telefónica del Río de la
Plata-Continental de Teléfonos Bell Perfeccionado), que tenía sus oficinas en la
calle Maipú entre Cangallo y Sarmiento y cuyo director era Walter Keyser.
En los meses de marzo y abril
de ese año, el presidente Julio A. Roca firmó los decretos (en los cuales no se
fijaban plazos de vencimiento, ni se estipulaban condiciones para la prestación
del servicio ni mucho menos se enunciaba un marco regulatorio) autorizando a
las tres compañías a “construir a su costo en la Capital y suburbios Oficinas
Telefónicas de esta invención, sin que esto importe concederle ninguna clase de
privilegio” (sic).
Mayoritariamente, los
historiadores inscriptos en el campo revisionista, han interpretado esos
decretos como una expresa renuncia a la participación pública en dicho sector
de actividad, clasificándolos como ejemplos por antonomasia del dejar hacer típico del estado-gendarme que
tan caro ha sido siempre a los liberales.
Discrepo con
esa visión, la cual me parece sesgada y nublada por el anacronismo. Ni la letra
ni el espíritu de los decretos llevan necesariamente a concluir en que la tan
mentada “renuncia” fuera, en efecto, tal cosa, y encima; “expresa”. Ni a que la
no intervención del Estado haya sido dispuesta por Roca desde lo dogmático. Antes bien; entiendo que los emitió
(a sólo cinco años de patentado el teléfono por Bell, recordemos) revestidos de
un carácter meramente provisorio, en tanto se verificase, con el transcurrir
del tiempo, cuál habría de ser el desarrollo (o el ocaso) de “esta invención” (como reputó literal e
inequívocamente al teléfono). Por otra parte, se estipulaba taxativamente en
ellos que no implicaban el otorgamiento de “ninguna clase de privilegio” y que su
ámbito de aplicación se circunscribía a “la Capital
y suburbios”, con lo cual ¿qué obstaba para que el Estado nacional
interviniese llegado el momento, si así lo considerara conveniente, o para que
los Estados provinciales, si lo quisieran, participaran ya sea directa o
indirectamente en la actividad? La respuesta es: nada, no había en aquellos
decretos impedimento alguno.
¿Entonces? Es que a eso tan
elusivo llamado verdad histórica no puede arribarse partiendo desde la concepción
oligárquica propia de las viudas de Mitre,
ni tampoco desde el catecismo materialista de la historia predicado hasta el
hartazgo con empeño digno de mejor causa por los apóstoles del marxismo trasnochado;
sencillamente porque el objeto y sujeto de la historia es el hombre y éste es tanto
materia como espíritu.
Así, por ejemplo, la invención
del teléfono por parte de Antonio Meucci no obedeció a un criterio
mercantilista; sino a su necesidad de comunicarse con otro ser humano: su
esposa enferma que se hallaba postrada en la planta alta de su casa. Siempre está la pasión creadora (Stefan Zweig dixit) precediendo necesariamente a la obtención
de utilidad económica emergente de su transformación en un bien o servicio
pasible de ser comercializado. Siempre hay un Meucci antes de un Bell o un Boyd
antes de un Dunlop ¿o es que acaso puede alguien imaginar que Fleming
descubrió la penicilina impelido por el afán de ganar dinero?
Por supuesto, todo eso no
significa, a la hora de construir el relato histórico, que se deba prescindir
de la consideración de la etapa consiguiente de comercialización y búsqueda de
rédito económico, y de los intereses que hubieran en juego; al contrario, ¿o qué
otra cosa es -por citar un ejemplo- el seguro, sino la simple aplicación del
cálculo matemático de probabilidades a los riesgos físicos y patrimoniales de
la actividad económica? De hecho, es posible que más allá de cuestiones de
orden tecnológico, la sociedad Cayol & Newman haya quedado fuera del
negocio debido a una evaluación errónea del mercado potencial al que se dirigió
preferentemente: el ámbito público (telégrafo y policía); en lugar de orientarse
hacia donde lo hicieron sus competidores: el segmento de alto poder adquisitivo
de la sociedad porteña.
Por aquellos años, la
telefonía no era todavía considerada un servicio público necesario, y el teléfono era percibido como un artículo de boato,
una tentación ofrecida a las clases pudientes, o a lo sumo; como un vehículo
cultural (lo cual explica que en las noticias referidas a las pruebas y ensayos
que se realizaban, todas las crónicas periodísticas mencionaran la transmisión
exitosa de música, además de la de voz). Aún se estaba lejos de imaginar al
teléfono contribuyendo a la integración entre las distintas regiones del país (que
de hecho, no lo hizo, sino hasta después de entrada la segunda mitad del siglo
XX), papel que se reservó al ferrocarril y al telégrafo.
Asimismo, es pertinente destacar
que no había entre el gobierno nacional presidido por Roca y el municipal encabezado por Alvear, uniformidad de criterios en cuanto a las compañías
telefónicas. Mientras que el primero dictaba en los meses de marzo y abril los decretos
mencionados precedentemente; el segundo solicitaba por nota al ministro del Interior,
Antonio Del Viso, que el poder ejecutivo sometiera a consideración del congreso
un proyecto de ley -cuyo texto le adjuntaba-, consistente en veintiocho artículos
con las normas y condiciones que sugería imponerles a las operadoras: consulta
al Departamento de Ingenieros de la municipalidad previa al otorgamiento de la
concesión, autorización de la municipalidad para el tendido de las líneas,
obligatoriedad para las empresas de ir reemplazando los tendidos aéreos por
subterráneos, estudio y aprobación de las tarifas por parte del poder
ejecutivo, cada empresa debía pagar a la municipalidad un canon del 10% sobre
sus ingresos brutos, tarifas diferenciales (50%) para los organismos nacionales
y municipales, etc.
La iniciativa de Alvear fue a
parar al archivo general, esto es, al
cesto de los papeles.
No hubo, pues, ni marco
regulatorio de la actividad ni control federal ni municipal. Así las cosas, la
competencia entre las tres empresas fue encarnizada y hasta feroz; mas ello no
se tradujo en una baja sensible de las tarifas que aplicaban.
Los principales diarios se
involucraron en la cuestión y tomaron campo alentando a tal o cual compañía,
focalizándose principalmente en las ventajas competitivas (reales
o ficticias) que asignaban a los aparatos que cada una de ellas proveía.
Mientras El Nacional y La Prensa exaltaban las bondades de los
construidos en el país por Cayol y Newman; La
Nación hacía propaganda para los de la Gower-Bell inglesa. Más temprano que
tarde, la publicidad de las empresas en los periódicos se volvió chocarrera y
chicanera.
Así, por ejemplo, la Sociedad del Panteléfono hacía insertar un aviso de este tenor: “El Sr. D. Henry K. Goodwin, ingeniero electrologista y superintendente de los trabajos de la Compañía Bell (Director W. S. Keyser), acaba de entrar en nuestro servicio en las mismas condiciones, habiendo reconocido la superioridad del Panteléfono de Locht sobre todos los demás sistemas telefónicos”.Y luego, de la guerra en los diarios se pasó directamente al sabotaje, con destrucción de redes y equipos y causando no pocos escándalos.
A fines de 1881, entre las
tres empresas sumaban alrededor de 200 abonados. Al año siguiente, ingresaron capitales
británicos a la hasta allí estadounidense Compañía Telefónica del Río de la
Plata, la cual se fusionó con la Sociedad Nacional del Panteléfono,
constituyéndose de ese modo la United Telephone Company of the River Plate Ltd.
(Compañía Unión Telefónica del Río de la Plata Limitada), con sede en Londres.
La nueva sociedad entró pisando fuerte,
anunciando que pondría su abono a “menos precio que cualquiera otra Compañía”.
Claro que “cualquiera otra compañía”, sólo podía ser la Gower-Bell, porque para
entonces no había ninguna otra.
Pero pese a la declamatoria
propagandística, la competencia entre ambas empresas no llevó a una mejora en
la calidad del servicio ni tampoco a una baja en las tarifas. No obstante; en
1884 los abonados a una u otra ya totalizaban 600.
En general los historiadores
consideran que por aquellos años la telefonía era un servicio que se
circunscribía a la Capital Federal y suburbios. La cosa no fue así, o al menos;
no tan así.
Si bien es innegable que
Buenos Aires concentraba la mayor cantidad de abonados; en otras ciudades
importantes como La Plata, Rosario o Córdoba, por ejemplo, también se habían
instalado empresas telefónicas, tal como podemos comprobar a través de estos (entre
muchos otros de tenor similar) avisos publicitarios insertos en el diario rosarino
El Mensajero, en su edición del 5 de
marzo de 1884.
La existencia y actuación
comercial en ciudades principales del interior del país, de compañías dedicadas
a la actividad telefónica, todavía en los inicios de la misma, muy
probablemente haya sido más considerable de lo que sabemos con certeza; aun
descartando las subjetividades y exageraciones propias de la comunicación
institucional y la propaganda.
El 24 de septiembre de 1882, se ensayó con éxito una línea con aparatos Siemens que enlazaba el Hotel Universal y el Club Social. Más tarde, otra línea con iguales resultados comunicó las estaciones Rosario y Roldán del Ferrocarril Central Argentino. Con el nombre de Compañía Telefónica Siemens se inauguró, el 1 de abril del año siguiente, la empresa precursora de teléfonos que desarrolló una intensa actividad. Así, el 19 de junio, se informó que ya funcionaban las líneas de los diarios La Capital y El Independiente y de los comercios de Otero y Cía., Allende y Cía., Emilio Ortiz y Cía., y de Rosendo Olivé (h), entre otros… El 15 de julio, mediante el alambre del telégrafo, se realizó una conversación entre Rosario y Buenos Aires utilizando un aparato portátil Siemens. Era la primera vez que en Sudamérica se conversaba a una distancia tan grande.A fines de 1883, la compañía ya tenía 213 abonados en Rosario, 10 en San Lorenzo y 6 en Alberdi. Un año más tarde la cifra ascendió a 350 y sus líneas estaban conectadas con los pueblos de San Lorenzo, Puerto de San Lorenzo, La Posta, Alberdi, Arroyito, Avila, Roldán, San Gerónimo y Carcarañá.
En 1886 la Compañía Unión
Telefónica Limitada absorbió a la Gower-Bell, tras lo cual se constituyó en Londres
la razón social United River Plate Telephone Company, que actuaría en nuestro
país bajo el nombre Unión Telefónica del Río de la Plata.
El primer acto de la Unión
Telefónica fue… ¡aumentar las tarifas! ya de por sí abusivas que venían
cobrando los oligopolios que la precedieron. Ante eso, el diario La Nación, en su edición del 11 de enero de 1887, puso el grito en
el cielo publicando un furibundo editorial que tituló “El teléfono y el
espíritu público”.
Donde no hay espíritu, no son solamente los gobiernos los que se atreven contra el público. Todo el que tiene en su mano un servicio tiende a convertirse en tirano y a imponer por ley su voluntad y su avaricia, sobre todo cuando el servicio es casi imprescindible para el que lo recibe y cuando la competencia es imposible o no se verifica en circunstancias determinadas. En las instalaciones telefónicas sucede algo peor. Cuando existían dos compañías desligadas y en guerra permanente, todo lo prometían y todo se esperaba, en la mejora del servicio y de los precios (pésimo el primero y exorbitantes los últimos), para cuando tuviera lugar la reunión de esas empresas. Al fin el hecho se realizó y, con sorpresa de todos, él debía envolver la más sórdida e insolente conspiración contra el público. Las compañías fusionadas venían ensayándose de antemano en el camino de los abusos. No sólo servían mal y de mala voluntad, cobrando caro, sino que se permitían exacciones de todo género. Una de éstas era el uso gratuito, obtenido a veces instalaciones de que ellas solas sacaban provecho. Ahora, en lugar de haber corregido estos abusos, el servicio ha empeorado y la Unión Telefónica, que no era sino la confabulación de dos empresas, se ha presentado elevando todavía sus precios. Es el primer hecho de este género que nos pone a prueba y su resolución dará la regla de lo que puede intentarse o de lo que nadie se atreverá a intentar en lo sucesivo.
Comenzábamos a transitar, de la mano del presidente Miguel Juárez Celman, por el siempre peligroso sendero de la imprevisión, el despilfarro irresponsable, la sustitución del trabajo por la especulación como motor de la economía y el ajuste y la sujeción al positivismo spenceriano como dogma del gobierno.
Asistimos así, querido lector, a un período que
abarcaría casi medio siglo de supremacía de los oligopolios ingleses en la
telefonía argentina.
-Juan Carlos Serqueiros-
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